El arbitraje es un procedimiento de resolución de conflictos que permite a las partes solucionar determinadas controversias sin tener que acudir a un juicio ordinario para obtener una decisión sobre el fondo del asunto. Sin embargo, una vez finalizado el procedimiento, puede surgir un problema importante: ¿qué ocurre si una de las partes se niega a cumplir lo que ha decidido el árbitro?
Aunque el arbitraje se desarrolla fuera de los tribunales, sus decisiones tienen efectos jurídicos vinculantes. Por tanto, el incumplimiento de un laudo arbitral no significa que la resolución pierda validez ni que la parte perjudicada tenga que iniciar nuevamente todo el conflicto.
La legislación española contempla mecanismos para exigir judicialmente el cumplimiento de lo acordado por el árbitro, incluyendo, cuando proceda, el embargo de bienes, la reclamación de cantidades pendientes y otras medidas de ejecución forzosa.
Conocer cómo funciona este procedimiento, qué derechos tiene la parte perjudicada y cuáles son las consecuencias económicas del incumplimiento resulta fundamental para actuar correctamente.
¿Es obligatorio cumplir un laudo arbitral?
Sí. Un laudo arbitral es una decisión obligatoria para las partes sometidas al arbitraje, siempre que se haya dictado válidamente y dentro del ámbito de las cuestiones que pueden resolverse mediante este procedimiento.
En España, la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, establece que el laudo produce efectos de cosa juzgada, lo que significa que la controversia resuelta no puede volver a discutirse libremente como si nunca hubiera existido una decisión.
Esta eficacia jurídica constituye una de las principales características del arbitraje y lo diferencia de otros procedimientos de resolución de conflictos basados exclusivamente en el acuerdo voluntario.
Desde cuándo obliga el laudo a las partes
El laudo produce efectos vinculantes desde que se dicta válidamente, sin necesidad de esperar a que un tribunal confirme su contenido. La notificación a las partes permite conocer formalmente la decisión y resulta relevante para el cómputo de determinados plazos legales.
No obstante, es importante distinguir entre el carácter obligatorio de la resolución y el momento en el que puede solicitarse su ejecución judicial.
El artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece, con carácter general, un plazo de espera de veinte días desde la notificación del laudo antes de despachar su ejecución.
Durante este periodo, la parte obligada puede cumplir voluntariamente lo establecido, evitando la necesidad de iniciar actuaciones judiciales de ejecución.
Incumplir el laudo no deja sin efecto la decisión arbitral
La negativa de una parte a cumplir el laudo no supone su anulación ni modifica automáticamente las obligaciones que contiene.
Por ejemplo, si un árbitro determina que una empresa debe pagar una cantidad a otra como consecuencia de un incumplimiento contractual, la falta de pago no elimina esa obligación.
Tampoco basta con que la parte condenada manifieste su desacuerdo con la decisión arbitral para dejar de cumplirla.
La Ley de Arbitraje contempla mecanismos específicos para impugnar determinados laudos, pero el simple desacuerdo con su contenido no constituye una causa suficiente para ignorar sus efectos.
Además, el artículo 45 de esta ley permite la ejecución del laudo incluso cuando se haya ejercitado una acción de anulación, sin perjuicio de la posibilidad de solicitar su suspensión en las condiciones legalmente previstas.
Diferencia entre cumplimiento voluntario y ejecución forzosa
El cumplimiento voluntario se produce cuando la parte obligada realiza las actuaciones establecidas en el laudo sin necesidad de que intervenga un tribunal.
Puede consistir, por ejemplo, en pagar una cantidad, entregar determinados bienes o cumplir una obligación contractual.
La ejecución forzosa, en cambio, se inicia cuando la parte beneficiada solicita la intervención judicial para conseguir el cumplimiento de la decisión arbitral.
La diferencia fundamental es que, mientras el cumplimiento voluntario depende de la actuación del obligado, la ejecución forzosa permite utilizar los mecanismos coercitivos establecidos legalmente para hacer efectiva la resolución.
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El incumplimiento puede adoptar distintas formas según las obligaciones establecidas en la resolución. No siempre consiste en dejar de pagar una cantidad económica, ya que un laudo también puede imponer obligaciones de entregar bienes, realizar actuaciones concretas o abstenerse de determinados comportamientos.
Impago de una cantidad reconocida en el laudo
Es una de las situaciones más habituales.
Se produce cuando el árbitro establece que una parte debe abonar una cantidad determinada y esta no realiza el pago dentro del plazo correspondiente.
Por ejemplo, una empresa puede ser condenada a devolver 25.000 euros por el incumplimiento de un contrato de prestación de servicios.
Si transcurre el plazo aplicable sin que satisfaga la cantidad, la parte acreedora podrá solicitar la ejecución judicial, reclamando el importe pendiente y los conceptos adicionales que legalmente correspondan.
Cumplimiento parcial de lo ordenado
También existe incumplimiento cuando la parte obligada ejecuta solamente una parte de lo establecido en el laudo.
Esto puede ocurrir si se abona una cantidad inferior a la reconocida, se entregan únicamente algunos de los bienes reclamados o se cumplen ciertas obligaciones mientras otras permanecen pendientes.
En estos casos, la ejecución puede dirigirse a conseguir el cumplimiento de la parte todavía insatisfecha. Es importante acreditar qué obligaciones se han cumplido y cuáles continúan pendientes para evitar reclamaciones duplicadas o cantidades incorrectas.
Incumplimiento de una obligación de hacer
Los laudos pueden establecer la obligación de realizar una actividad o actuación determinada.
Por ejemplo, una resolución arbitral puede ordenar que una empresa efectúe determinadas reparaciones, entregue documentación contractual o complete una prestación pendiente.
Si el obligado no realiza la actuación, la parte perjudicada puede solicitar su ejecución judicial.
Dependiendo de la naturaleza de la obligación, la legislación procesal contempla diferentes mecanismos, como requerimientos de cumplimiento, multas coercitivas cuando procedan o la posibilidad de realizar determinadas actuaciones a costa del obligado.
Incumplimiento de una obligación de no hacer
En otros casos, el laudo establece que una parte debe abstenerse de realizar una conducta concreta.
Puede tratarse, por ejemplo, de cesar una actividad que vulnera determinadas obligaciones contractuales o evitar actuaciones expresamente prohibidas por la resolución.
El incumplimiento se produce cuando el obligado continúa realizando la conducta prohibida o vuelve a ejecutarla.
La intervención judicial puede dirigirse a conseguir el cese de la actuación, deshacer sus consecuencias cuando sea posible y aplicar las medidas previstas legalmente.
Cumplimiento fuera del plazo establecido
No basta con cumplir una obligación si se hace después del momento en que debía ejecutarse.
Cuando el laudo establece un plazo concreto, su incumplimiento puede generar consecuencias adicionales, especialmente si se trata de obligaciones económicas.
Por ejemplo, el pago tardío de una cantidad puede dar lugar a intereses derivados del retraso, siempre que concurran los requisitos legales correspondientes.
Por otra parte, si la parte obligada cumple después de iniciarse la ejecución judicial, pueden haberse generado gastos que deberán valorarse conforme a las normas procesales.
¿Qué puede hacer la parte perjudicada ante el incumplimiento?
Cuando una persona o empresa no cumple un laudo arbitral, la parte beneficiada dispone de diferentes actuaciones para reclamar lo que le corresponde.
Aunque cada situación requiere un análisis específico, conviene seguir un procedimiento ordenado que permita acreditar el incumplimiento y preparar adecuadamente una eventual ejecución judicial.
Exigir inicialmente el cumplimiento voluntario
Una primera actuación puede consistir en requerir formalmente a la parte obligada para que cumpla lo establecido en el laudo.
Este requerimiento puede realizarse mediante una comunicación escrita que identifique las obligaciones pendientes, el importe reclamado y el plazo concedido para su cumplimiento.
Aunque este requerimiento extrajudicial no constituye, con carácter general, un requisito indispensable para ejecutar un laudo, puede resultar útil para intentar solucionar la situación sin iniciar actuaciones judiciales.
También permite dejar constancia de que la parte beneficiada ha solicitado el cumplimiento de la resolución.
Documentar el incumplimiento
Antes de iniciar una ejecución, es importante reunir la documentación que permita demostrar que las obligaciones establecidas en el laudo no se han satisfecho.
En función de las circunstancias, pueden resultar relevantes los justificantes bancarios, las comunicaciones mantenidas entre las partes, los contratos relacionados con el conflicto o cualquier otro documento que acredite el cumplimiento parcial o la falta de cumplimiento.
Asimismo, es necesario disponer del laudo y de la documentación exigida legalmente para presentar la demanda ejecutiva.
Una correcta identificación de las obligaciones pendientes facilita que la ejecución se dirija exclusivamente a aquello que todavía debe cumplirse
Solicitar judicialmente la ejecución del laudo
Si el cumplimiento voluntario no se produce, la parte perjudicada puede presentar una demanda de ejecución ante el órgano judicial competente.
La ejecución se tramita conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil y a las previsiones específicas de la Ley de Arbitraje.
No se trata de solicitar a un juez que vuelva a resolver el conflicto desde el principio, sino de pedir que se haga efectiva una decisión arbitral que constituye un título ejecutivo.
Cuando se cumplan los requisitos procesales, el tribunal podrá despachar ejecución y adoptar las medidas necesarias para obtener el cumplimiento.
Reclamar las cantidades y conceptos que correspondan
La reclamación puede incluir no solo la cantidad principal reconocida en el laudo, sino también otros conceptos legalmente exigibles.
Entre ellos pueden encontrarse los intereses correspondientes y las cantidades destinadas a cubrir provisionalmente los intereses y costas de la ejecución.
El artículo 575 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regula la cantidad por la que puede despacharse ejecución dineraria, incluyendo una previsión para intereses futuros y costas, sujeta a los límites y excepciones legales.
Esto significa que la cantidad inicialmente reconocida en el laudo puede aumentar como consecuencia del incumplimiento.
¿Es necesario acudir a los tribunales si no se cumple el laudo?
Cuando una parte se niega a cumplir voluntariamente un laudo arbitral, generalmente es necesario acudir a los tribunales para obtener su ejecución forzosa.
Esto no significa que el arbitraje haya perdido su utilidad. El procedimiento arbitral ya ha permitido resolver la controversia y obtener una decisión vinculante, por lo que la intervención judicial se centra en conseguir su cumplimiento.
¿Por qué el árbitro no ejecuta forzosamente su propia decisión?
El árbitro tiene competencia para resolver la controversia sometida a arbitraje, pero no dispone de las mismas facultades coercitivas que los órganos judiciales.
Por ejemplo, no puede ordenar por sí mismo el embargo forzoso de una cuenta bancaria para satisfacer una deuda reconocida en el laudo.
Estas actuaciones forman parte de la potestad jurisdiccional que corresponde a los jueces y tribunales.
Por este motivo, es importante distinguir entre la función de decidir el conflicto, que corresponde al árbitro, y la función de imponer coactivamente el cumplimiento, que corresponde a los órganos judiciales.
Intervención judicial para conseguir el cumplimiento
Cuando se presenta una demanda ejecutiva, el tribunal examina si concurren los requisitos necesarios para despachar ejecución.
Si procede, se inicia un procedimiento destinado a conseguir que la parte obligada cumpla lo establecido en el laudo.
Las actuaciones concretas dependen del contenido de la resolución. Si se reclama una cantidad económica, pueden adoptarse medidas de embargo. Si se trata de una obligación de hacer o no hacer, pueden aplicarse otros mecanismos previstos en la legislación procesal.
La intervención judicial no implica volver a celebrar el arbitraje ni revisar libremente los argumentos de las partes.
¿Qué tribunal interviene en la ejecución?
En España, el artículo 8.4 de la Ley de Arbitraje establece que la ejecución forzosa de los laudos arbitrales dictados en España corresponde al Juzgado de Primera Instancia del lugar en el que se haya dictado el laudo.
Por tanto, la competencia no depende necesariamente del domicilio de la persona obligada ni del lugar donde se encuentren sus bienes.
Conviene tener en cuenta que la ejecución debe solicitarse dentro del plazo legal correspondiente. El artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece un plazo de cinco años para presentar la demanda ejecutiva fundada en una resolución arbitral.
¿Qué puede ocurrir durante la ejecución forzosa del laudo?
Una vez iniciada la ejecución judicial, pueden desarrollarse diferentes actuaciones dirigidas a satisfacer el derecho reconocido en el laudo.
No todas las medidas se aplican en todos los procedimientos. Su utilización depende de la naturaleza de la obligación, de la situación patrimonial del ejecutado y de los requisitos legales correspondientes.
Requerimiento de pago o cumplimiento
En determinadas ejecuciones, el órgano judicial puede requerir a la parte obligada para que realice la actuación pendiente.
Sin embargo, en las ejecuciones dinerarias fundadas en un laudo arbitral, la Ley de Enjuiciamiento Civil permite proceder al embargo sin necesidad de efectuar un requerimiento judicial previo de pago.
Cuando se trata de obligaciones no dinerarias, pueden establecerse requerimientos específicos para que el ejecutado cumpla lo ordenado.
La finalidad de estas actuaciones es conseguir el cumplimiento efectivo de la resolución y, cuando sea posible, evitar medidas coercitivas adicionales.
Embargo de cuentas y bienes
Si el laudo reconoce una deuda económica que no ha sido satisfecha, el procedimiento judicial puede dar lugar al embargo de bienes y derechos del obligado.
Entre los bienes susceptibles de embargo, con las limitaciones legalmente establecidas, se encuentran las cuentas bancarias, determinados créditos, salarios, vehículos, inmuebles y otros elementos patrimoniales.
Por ejemplo, si una empresa no paga una cantidad reconocida en un laudo, el órgano judicial puede acordar el embargo de saldos bancarios suficientes para cubrir la deuda reclamada.
El embargo debe respetar los límites legales, incluidos los relativos a los bienes inembargables y a determinadas cantidades salariales.
Investigación del patrimonio del obligado
En ocasiones, la parte perjudicada desconoce qué bienes posee la persona o empresa condenada.
Para estas situaciones, los artículos 589 y 590 de la Ley de Enjuiciamiento Civil contemplan mecanismos de manifestación e investigación patrimonial.
El órgano competente puede requerir al ejecutado para que identifique bienes y derechos suficientes para responder de sus obligaciones.
Asimismo, cuando concurran los requisitos legales, pueden realizarse averiguaciones dirigidas a localizar patrimonio susceptible de embargo.
Estas actuaciones son especialmente importantes cuando el obligado no facilita información sobre sus recursos económicos.
Realización de bienes para satisfacer la deuda
El embargo no siempre supone que la parte acreedora reciba inmediatamente el dinero reclamado.
Cuando se embargan bienes distintos de cantidades dinerarias, puede ser necesario realizar actuaciones posteriores para convertirlos en dinero.
Dependiendo del tipo de bien, pueden utilizarse los mecanismos legalmente previstos, como la subasta judicial u otras formas de realización admitidas.
El importe obtenido se destina a satisfacer las cantidades que correspondan conforme a las reglas del procedimiento.
La finalidad es transformar los bienes embargados en recursos económicos que permitan cubrir total o parcialmente la deuda.
Ejecución de obligaciones distintas del pago de dinero
No todos los laudos imponen obligaciones económicas.
En determinadas controversias, la resolución puede obligar a entregar un bien, realizar una actividad o abstenerse de una conducta.
La Ley de Enjuiciamiento Civil contempla procedimientos específicos para estas situaciones.
Por ejemplo, cuando se incumple una obligación de hacer, puede resultar posible encargar su realización a un tercero a costa del ejecutado, siempre que la naturaleza de la prestación lo permita.
En otros supuestos, el tribunal puede adoptar medidas para exigir el cumplimiento personal o valorar las consecuencias económicas del incumplimiento.
¿Cuándo puede no ser suficiente la mediación familiar?
La parte contra la que se dirige la ejecución dispone de mecanismos legales de defensa, pero estos no le permiten rechazar el cumplimiento simplemente porque no esté conforme con la decisión arbitral.
La posibilidad de oponerse a la ejecución está limitada a determinados motivos previstos en la legislación procesal.
Límites para oponerse a la ejecución
El procedimiento de ejecución no está diseñado para volver a discutir íntegramente la controversia que ya ha sido resuelta mediante arbitraje.
Por ello, la oposición debe fundamentarse en circunstancias concretas y legalmente admitidas.
El artículo 556 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece un plazo de diez días desde la notificación del auto que despacha ejecución para formular oposición en los casos contemplados por dicho precepto.
Además, la oposición basada en los motivos previstos para las resoluciones arbitrales no suspende, por regla general, el curso de la ejecución.
Motivos de oposición que pueden alegarse
Entre las causas que pueden justificar una oposición a la ejecución de un laudo arbitral se encuentran:
Pago o cumplimiento: cuando la parte obligada acredita documentalmente que ya ha satisfecho lo ordenado.
Caducidad de la acción ejecutiva: cuando ha transcurrido el plazo legal para presentar la demanda de ejecución.
Pactos o transacciones posteriores: cuando existen acuerdos destinados a evitar la ejecución y constan en documento público.
Defectos procesales: cuando concurren determinadas irregularidades contempladas en el artículo 559 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
También pueden plantearse, cuando proceda, cuestiones relacionadas con un exceso en la cantidad reclamada o actuaciones ejecutivas contrarias a la ley.
La admisión y resolución de estas alegaciones dependerá de las circunstancias del procedimiento.
¿Por qué no puede volver a discutirse libremente el fondo del conflicto?
Una de las características fundamentales del arbitraje es que permite obtener una decisión definitiva sobre la controversia sometida a los árbitros.
El artículo 43 de la Ley de Arbitraje establece que el laudo produce efectos de cosa juzgada.
Esto impide que la parte que ha perdido el arbitraje pueda utilizar el procedimiento de ejecución para reproducir libremente los mismos argumentos y solicitar una nueva valoración del conflicto.
La acción de anulación del laudo constituye una vía distinta y está limitada a causas legalmente previstas, como determinados defectos del convenio arbitral, irregularidades esenciales del procedimiento o vulneraciones del orden público.
No constituye una segunda instancia para revisar sin restricciones el fondo de la decisión.
Consecuencias económicas de incumplir un laudo arbitral
El incumplimiento puede tener consecuencias económicas importantes para la parte obligada.
La cantidad reconocida inicialmente puede aumentar debido a los intereses y a determinados gastos asociados a la ejecución judicial.
Intereses derivados del retraso en el pago
Cuando el laudo establece una obligación de pagar dinero, el retraso puede generar intereses.
Su cálculo dependerá de lo dispuesto en el propio laudo, de la naturaleza de la obligación y de las normas aplicables.
El artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil contempla expresamente los intereses de mora procesal en relación con los laudos arbitrales que condenan al pago de una cantidad líquida.
Con carácter general, estos intereses se calculan conforme al interés legal del dinero incrementado en dos puntos, salvo que exista una previsión especial o resulte aplicable otro tipo establecido conforme a la ley.
Por tanto, retrasar injustificadamente el cumplimiento puede incrementar la cantidad finalmente exigible
Gastos asociados a la ejecución
La ejecución puede requerir actuaciones adicionales que generan gastos.
Por ejemplo, pueden ser necesarias determinadas gestiones de localización patrimonial, anotaciones registrales, valoraciones de bienes o actuaciones relacionadas con su realización.
No todos los gastos se trasladan automáticamente a la parte ejecutada. Su exigibilidad depende de las normas procesales y de su relación con las actuaciones necesarias para conseguir el cumplimiento.
Costas del procedimiento judicial de ejecución
La intervención judicial también puede generar costas procesales.
El artículo 539 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regula los gastos y costas de la ejecución y establece, con las excepciones correspondientes, que determinadas costas son a cargo del ejecutado sin necesidad de una imposición expresa.
En la ejecución de laudos arbitrales dinerarios, la intervención de abogado y procurador es preceptiva cuando la cantidad por la que se despacha ejecución supera los 2.000 euros.
Por ello, el incumplimiento puede obligar al deudor a afrontar gastos adicionales que podrían haberse evitado mediante el cumplimiento voluntario.
Cómo puede aumentar la cantidad finalmente satisfecha
Para comprender las consecuencias económicas, imaginemos que un laudo establece la obligación de pagar 30.000 euros.
Si la parte condenada no cumple y resulta necesario iniciar una ejecución judicial, a esa cantidad pueden añadirse los intereses correspondientes y las costas que procedan.
Además, al presentar una demanda ejecutiva dineraria, puede solicitarse una cantidad provisional destinada a intereses futuros y costas, de acuerdo con los límites establecidos en el artículo 575 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La cantidad total finalmente exigible puede ser superior a la reconocida inicialmente en el laudo, aunque dependerá de la liquidación definitiva y de las circunstancias del procedimiento.
¿Qué ocurre si el obligado intenta ocultar o desprenderse de sus bienes?
Una de las dificultades que pueden aparecer durante la ejecución es que la parte obligada carezca aparentemente de patrimonio suficiente o intente dificultar la localización de sus bienes.
La legislación contempla mecanismos para investigar el patrimonio del ejecutado y proteger la efectividad de las resoluciones, aunque su aplicación está sujeta a los requisitos y garantías legales.
Investigación patrimonial durante la ejecución
Cuando no se conocen bienes suficientes para satisfacer la deuda, pueden solicitarse actuaciones de investigación patrimonial.
Estas diligencias permiten obtener información de entidades y organismos en los términos previstos por la legislación procesal.
La finalidad es localizar bienes, derechos o créditos susceptibles de embargo.
También puede requerirse al ejecutado para que manifieste su patrimonio, con las consecuencias legales correspondientes si incumple injustificadamente esta obligación.
La investigación patrimonial resulta especialmente relevante cuando existen indicios de que el obligado dispone de recursos que no ha identificado voluntariamente.
Actuaciones frente a la disposición de bienes
Si existen indicios de que el obligado está transmitiendo bienes con la finalidad de impedir el cobro de una deuda, puede ser necesario estudiar las vías legales disponibles para proteger el derecho del acreedor.
Dependiendo de las circunstancias, pueden resultar aplicables medidas cautelares, actuaciones de embargo o acciones dirigidas a cuestionar determinadas transmisiones patrimoniales.
Es importante señalar que no toda venta o transmisión de bienes realizada por una persona deudora constituye una actuación fraudulenta.
Para adoptar medidas frente a estas operaciones deben concurrir los presupuestos legales correspondientes.
En situaciones especialmente graves, determinadas conductas de ocultación o disposición patrimonial destinadas a frustrar una ejecución pueden llegar a tener relevancia penal.
Importancia de actuar con rapidez ante el riesgo patrimonial
Cuando existen indicios de que la parte obligada puede desprenderse de sus bienes, conviene valorar cuanto antes las actuaciones legalmente disponibles.
La demora puede dificultar la localización de patrimonio o reducir las posibilidades de cobro.
En determinados casos, incluso durante el procedimiento arbitral, pueden solicitarse medidas cautelares para proteger la efectividad de la futura resolución.
La intervención de un profesional permite analizar si concurren los requisitos necesarios y determinar qué actuaciones resultan proporcionadas.
Actuar con rapidez no garantiza la recuperación de las cantidades reconocidas, pero puede ayudar a preservar las posibilidades de ejecución.
¿Qué ocurre si el laudo incumplido es extranjero?
Los conflictos sometidos a arbitraje no siempre afectan exclusivamente a personas o empresas domiciliadas en España.
En las relaciones comerciales internacionales es habitual que el arbitraje se celebre en un país distinto de aquel donde se encuentran los bienes de la parte obligada.
Por ello, la ejecución de laudos extranjeros presenta particularidades relacionadas con su reconocimiento y con las normas procesales aplicables en cada Estado.
Reconocimiento de un laudo arbitral extranjero
En España, el artículo 46 de la Ley de Arbitraje considera extranjero el laudo pronunciado fuera del territorio español.
Su reconocimiento se rige principalmente por el Convenio de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, sin perjuicio de otros convenios internacionales más favorables.
Con carácter general, para ejecutar en España un laudo extranjero es necesario obtener previamente su reconocimiento mediante el procedimiento correspondiente, conocido como exequátur.
Este procedimiento permite verificar si concurren los requisitos legales para que la resolución arbitral produzca efectos ejecutivos en España.
No supone volver a resolver íntegramente la controversia, sino comprobar que el laudo puede ser reconocido conforme a las normas aplicables.
Ejecución en España
Una vez obtenido el reconocimiento correspondiente, puede solicitarse la ejecución judicial del laudo extranjero en España.
Según el artículo 8.6 de la Ley de Arbitraje, el reconocimiento de laudos extranjeros corresponde, con arreglo a los criterios territoriales establecidos, a la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia competente.
La ejecución posterior corresponde al Juzgado de Primera Instancia que resulte competente.
Si la parte obligada dispone de cuentas bancarias, inmuebles u otros bienes en España, estos pueden quedar sujetos a las actuaciones ejecutivas legalmente procedentes.
Por tanto, el hecho de que un laudo se haya dictado en otro país no impide necesariamente exigir su cumplimiento en territorio español.
¿Qué ocurre cuando los bienes del obligado están en otro país?
Cuando la parte condenada tiene su patrimonio fuera de España, puede resultar necesario solicitar el reconocimiento y la ejecución del laudo ante las autoridades del país donde se encuentran sus bienes.
El procedimiento dependerá de la legislación de ese Estado y de los convenios internacionales aplicables.
El Convenio de Nueva York de 1958 constituye uno de los principales instrumentos internacionales para facilitar el reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrales extranjeros en los Estados que forman parte de él.
No obstante, cada país aplica sus propias normas procesales para desarrollar las actuaciones de ejecución.
Por este motivo, antes de iniciar una reclamación internacional conviene analizar dónde se encuentran los bienes del deudor, qué procedimientos deben seguirse y cuáles pueden ser los costes asociados.
El incumplimiento de un laudo arbitral no significa que la parte perjudicada haya perdido su derecho a exigir lo reconocido en la resolución. Tanto en conflictos nacionales como internacionales, existen mecanismos para solicitar su cumplimiento forzoso.
Cuando el arbitraje se ha desarrollado ante una corte de arbitraje, la institución puede haber administrado el procedimiento y facilitado su desarrollo conforme a su reglamento, pero la ejecución coercitiva de la decisión corresponde a los órganos judiciales competentes.
Por ello, ante la falta de cumplimiento, resulta fundamental conocer los plazos, reunir la documentación necesaria y valorar las actuaciones judiciales disponibles para proteger los derechos reconocidos en el laudo.
